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Los pueblos de indios que lograron sobrevivir en Córdoba durante la segunda mitad del siglo XVIII tenían en común una serie de características particulares. Ya no eran las primitivas comunidades aborígenes y su conformación reconocía un origen heterogéneo.
Sobre la base de las antiguas encomiendas, algunas
veces se fueron agrupando espontáneamente y, en otras ocasiones, por
disposición de las autoridades, los indios remanentes de distintas comunidades.
También se incorporaron mestizos, negros y blancos.
Este conglomerado conservó, sin embargo, algunos
rasgos de la primitiva organización indígena, como el hecho de continuar
gobernados por caciques o curacas. A ello se sumaba la fuerte impronta de la
sociedad colonial, que implantó cabildos aborígenes con alcaldes y regidores,
además de imponer su lengua y religión. Los alcaldes y regidores eran elegidos
anualmente con la anuencia del cura del lugar.
Los españoles no solo habían impuesto su forma de
gobierno, sino también, desde épocas tempranas, la enseñanza del castellano,
que siempre fue una prioridad de la Corona. La lengua nativa, uno de los
principales indicadores de pertenencia e identidad cultural de un grupo, se
había perdido casi totalmente. Así, numerosos gentilicios indígenas fueron
desapareciendo de los padrones de tributarios, mientras otros se transformaban
y se generalizaban cada vez más los apellidos españoles.
El papel de los curacas también había variado y sus
funciones eran múltiples. Debían ocuparse de la manutención y protección de los
indios a su cargo, además de actuar como nexo entre el pueblo y las autoridades
coloniales. Eran los encargados de cobrar los tributos y responder, en caso de
conflicto, tanto por los delitos cometidos por sus indios como por la evasión
de tributos y las disputas por las tierras del pueblo.
El cargo de curaca era hereditario y se transmitía por
línea patrilineal. No obstante, las mujeres también cumplían un papel
importante en el mantenimiento del linaje, ya que en algunos pueblos llegaron a
ejercer dicho cargo.
En los últimos tiempos de la Colonia lo más frecuente fue que las autoridades eligieran a los caciques. En esta elección era fundamental la capacidad de los elegidos para realizar la recaudación de tributos, aspecto que las autoridades valoraban especialmente.
El poder colonial reconoció la autoridad del curaca distinguiéndolo con el título de don, y además lo eximia de pagar tributos. Sin duda la figura del curaca se distinguía del resto del pueblo, ya fuera porque generalmente sabía leer y escribir, todo un lujo para la época incluso dentro de la sociedad colonial; o por la posición económica que podía llegar a tener.
El curaca era el único vecino del pueblo indígena al que se le reconocían derechos sobre las tierras. Esto le permitía tener animales de su propiedad y también alquilarlas para la invernada de mulas, como lo hacía el de Nono. Otra de las funciones que debía cumplir era ejercer justicia en el pueblo. En los casos en que su autoridad no era respetada —situación muy habitual en esos últimos años debido a la incorporación de poblaciones de mulatos y negros— intervenían los jueces y las autoridades coloniales.
A pesar de todos los abusos, los pueblos se transformaron en refugio, tanto para sus indios como para elementos marginados: a veces blancos pero generalmente aborígenes mestizos o negros que no siempre se regían por los mismos cánones de justicia que en la sociedad blanca.
La Iglesia no tuvo mucho predicamento en los pueblos de indios, ya que por lo general carecían de curas doctrinarios estables, o cuando los tenían las arbitrariedades que cometían les hacían perder todo respeto. Además la poca frecuencia con que los curas visitaban estos pueblos posibilitó una mayor libertad, tanto en lo moral como en lo religioso.
